Con la publicación en el Diario Oficial de la nueva ley de ciberseguridad durante la jornada del 8 de abril, Chile se posiciona como el primer país de Latinoamérica en crear una regulación de vanguardia. Esta medida, implementada en el contexto de asegurar un entorno digital seguro, tiene como objetivo fundamental la regulación de los servicios esenciales y los Operadores de Importancia Vital (OIV), los cuales son fundamentales para el funcionamiento y la calidad de vida de la sociedad. La ley define como servicios esenciales aquellos relacionados con la salud, la seguridad, el suministro de energía, agua, combustible, servicios sanitarios, transporte, servicios bancarios o financieros, entre otros. Además, establece los criterios para identificar a los OIV, considerando aspectos como la dependencia de redes y sistemas informáticos, así como el impacto significativo que tendría la afectación, interceptación, interrupción o destrucción de sus servicios en la seguridad y orden público, la provisión continua de servicios esenciales y el cumplimiento de las funciones del Estado. La ANCI tendrá la facultad de clasificar como OIV a instituciones privadas que, aunque no proporcionen servicios esenciales, cumplan con los criterios establecidos y sean críticas para el abastecimiento de la población, la distribución de bienes o la producción de bienes indispensables o estratégicos. Asimismo, podrá imponer sanciones leves, graves y gravísimas, destacando entre estas últimas la falta de adopción oportuna de medidas para reducir el impacto y la propagación de incidentes de ciberseguridad o ciber ataques. La promulgación de esta ley subraya la importancia de la ciberseguridad en Chile como pilar fundamental para una economía segura y promueve el emprendimiento digital, entre otros beneficios. Esto cobra especial relevancia debido al aumento y la mayor sofisticación de los delitos digitales y ciberataques en diversas áreas, como cadenas de suministro, infraestructura pública y universidades, que han afectado la provisión de servicios. Por lo tanto, resulta imperativo contar con legislación, políticas y medidas sólidas que aborden estas nuevas formas de criminalidad.